Juez admite acción penal contra Braskem por crisis en Maceió

Juez admite acción penal contra Braskem por crisis en Maceió

MACEIÓ, BRASIL — Un juez federal decidió abrir la fase de instrucción procesal contra la petroquímica Braskem y varios de sus exdirectivos. La decisión reactiva la vía penal del mayor desastre por subsidencia urbana (hundimiento progresivo del suelo) documentado en Brasil. Los afectados —más de 40.000 habitantes— llevan ocho años sin una resolución judicial sobre responsabilidades penales individuales.

El magistrado suplente Sergio Feitosa admitió la denuncia presentada por el Ministerio Público Federal, aunque excluyó a ciertos exgestores cuya imputación consideró insuficientemente fundamentada. El proceso penal se centra ahora en los exdirectivos que mantuvieron vínculo directo con la operación minera. Braskem declaró que “siempre actuó en conformidad con las leyes y regulaciones del sector”.

La causa técnica del desastre es la explotación de sal gema —cloruro de sodio extraído en estado sólido del subsuelo— durante más de cuatro décadas. La minería alteró la estabilidad geológica de Maceió, capital del estado de Alagoas. El resultado: fisuras, hundimientos y la evacuación forzosa de cinco barrios completos. Cerca de 14.500 inmuebles fueron desocupados y posteriormente demolidos para evitar riesgos mayores.

Económicamente, el caso Braskem ilustra el costo de un pasivo ambiental no internalizado. La empresa, controlada por Novonor (antes Odebrecht) y Petrobras, provisionó miles de millones de reales para acuerdos civiles. Pero la acción penal introduce una variable distinta: la posible responsabilidad personal de ejecutivos con penas que incluyen prisión. En Brasil, la responsabilidad penal ambiental también puede inhabilitar a directivos para ocupar cargos en otras compañías.

El impacto directo recae sobre los habitantes de los barrios Pinheiro, Bom Parto, Mutange, Bebedouro y Farol. La mayoría recibió compensaciones económicas, pero la reconstrucción del tejido social y la revalorización de las áreas aledañas siguen sin resolverse. Para el lector latinoamericano, el caso Maceió es un espejo de riesgos repetidos en ciudades mineras desde Perú hasta México: explotación intensiva, supervisión estatal débil y comunidades enteras desplazadas.

El riesgo principal no es jurídico para Braskem —la multa potencial es acotada frente a su balance—, sino geológico. Los estudios independientes citados en el expediente indican que la inestabilidad del subsuelo no cesó. Existen cavidades subterráneas parcialmente colapsadas que podrían seguir cediendo. La Defensa Civil mantiene monitoreo constante, pero no hay tecnología disponible para garantizar estabilización definitiva del terreno.

El próximo paso que vigilar es el inicio formal de la fase de instrucción procesal. En esa etapa, la fiscalía y las defensas presentarán pruebas, peritajes geológicos y testimonios. Si el juez considera que hay elementos suficientes, Braskem y los exdirectivos irán a juicio penal.